El alcalde asegura que para Vigo "le vale la ley de Área Metropolitana de Barcelona o Valencia"
Abel Caballero se entrevistó este lunes con representantes vecinales de San Roque, Corujo, Saiáns y Candeán, dentro de la ruenda de contactos para testar el sentir de la ciudadanía sobre la ley de Área Metropolitana aprobada por la Xunta de Galicia. El regidor recabo el "rechazo total" de estos colectivos a una norma que plasma "agravios inmensos" a la ciudad de Vigo.
"A este alcalde le vale la ley de Área Metropolitana de Barcelona o Valencia". Así manifestó Abel Caballero hoy su posición crítica sobre la normativa que ven de aprobar la Xunta de Galicia para el ente supramunicipal vigués, una ley que "tiene la oposición de toda la ciudad".
El primer edil inició días atrás una jornada de reuniones con distintos colectivos representantivos de la ciudad para explicar y conocer la posición viguesa sobre este texto, apuntando que "la inmensa mayoría de la ciudad está absolutamente en contra" del mismo.
Según explicó Caballero, la representación de Vigo en el gobierno del ente fue rebajada por la Xunta de Galicia del 47,5% al 7%, cuando la urbe supone el 62% de la población y de la financiación del área Metropolitana. Por otra parte, apunta el alcalde que el texto no incluye "un sólo precepto que obligue a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra a ceder competencias", con el que "añade una nueva administración", incrementando los gastos y no evitando duplicidades.
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El primer edil inició días atrás una jornada de reuniones con distintos colectivos representantivos de la ciudad para explicar y conocer la posición viguesa sobre este texto, apuntando que "la inmensa mayoría de la ciudad está absolutamente en contra" del mismo.
Según explicó Caballero, la representación de Vigo en el gobierno del ente fue rebajada por la Xunta de Galicia del 47,5% al 7%, cuando la urbe supone el 62% de la población y de la financiación del área Metropolitana. Por otra parte, apunta el alcalde que el texto no incluye "un sólo precepto que obligue a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra a ceder competencias", con el que "añade una nueva administración", incrementando los gastos y no evitando duplicidades.